Con esta decisión se podrían
conocer los listados de los más de 16 mil soldados latinoamericanos que han
recibido entrenamiento, en la última década, en la tristemente recordada
“Escuela de las Américas”
Con esta decisión se podrían
conocer los listados de los más de 16 mil soldados latinoamericanos que han
recibido entrenamiento, en la última década, en la tristemente recordada
“Escuela de las Américas”
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| SOAW |
Este 22 de abril la Jueza Phyllis
J. Hamilton del Distrito Norte de California, Estados Unidos, acogió favorablemente
la petición de las activistas de SOA Watch, Theresa Cameranesi y Judith Liteky,
quienes el 13 de febrero pasado se presentaron ante el tribunal, junto a los
abogados Kent Spriggs y Duffy Carolan, para argumentar su demanda para que el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos revele los nombres de los
estudiantes e instructores extranjeros que han realizado cursos en la Escuela
de las Américas la que hoy se le conoce como Instituto del Hemisferio
Occidental para la Cooperación en Seguridad.
El fallo dice, textualmente, que
“El tribunal considera que el Departamento de Defensa no ha demostrado de forma
suficiente que puede negar la información solicitada al amparo de la Ley de
Libertad de Información ya que no ha demostrado que los intereses de privacidad
avanzados son sustanciales, y no ha demostrado a través de la admisibilidad de
la evidencia de que la divulgación de esta información constituiría una clara
injustificada invasión de la intimidad personal, a la luz del fuerte interés
público en el acceso a esta información”.
Theresa Cameranesi, hoy en una
Misión de Observación de Derechos Humanos en Paraguay, sostuvo que “La decisión
de la Corte es un paso adelante y es esencial para una transparencia verdadera,
pero es sólo un primer paso. Revelar los nombres, de los estudiantes y de los
instructores, es esencial para que el Congreso realice su trabajo de
fiscalización, bien informados, respecto del entrenamiento que se da a
ejércitos extranjeros”.
Desde el año 2004 que el
Departamento de Defensa oculta los nombres de los soldados e instructores
latinoamericanos que participan del entrenamiento en la Escuela de las Américas
lo que ha impedido monitorear el comportamiento y respeto de los derechos
humanos de los “estudiantes” que asisten a la academia militar.
Anteriormente, desde los años
1946 al 2004, los nombres fueron públicos lo que permitió saber a las
organizaciones qué soldados estuvieron implicados en violaciones a los derechos
humanos, y recibieron entrenamiento en EEUU, de El Salvador, Guatemala, Chile,
Argentina, entre otros.
La Escuela de las Américas, que
es operada por el Ejército de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá
con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y
contrainsurgencia.
En 1996, la prensa norteamericana
dio a conocer la existencia de los Manuales de Entrenamiento, y que eran
utilizados en la academia militar, que aconsejaban “…aplicar torturas,
chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos”.
“La decisión del tribunal es una
victoria para la transparencia y los derechos humanos y contra el secreto del
gobierno “, señaló el fundador de SOA Watch el ex sacerdote Roy Bourgeois.
En los últimos años graduados de
la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido
parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado involucrados
en el golpe de estado en Honduras el 2009.
Los países de Argentina,
Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia han retirado su contingente militar del
entrenamiento en esta academia militar.
Accountable: Rendición de cuentas
La jueza Phyllis J. Hamilton en su fallo
recordó que la meta de la Ley de Libertad de Información es “asegurar una
ciudadanía bien informada, cosa fundamental para el funcionamiento de una
sociedad democrática, necesaria para frenar actos de corrupción como para
sostener a los gobernadores en condición de contabilidad de los gobernados”.
Anteriormente, en el año 2010 el
secretario de Defensa, Robert Gates, ignoró el derecho del público y determinó
que por “Seguridad Nacional” se debe negar a las organizaciones de derechos
humanos el acceso público a más información.
Finalmente, Theresa Cameranesi
dice que “con esto renovamos nuestro compromiso como ciudadanos para hacer
seguimiento y supervisión del Ejército que debe rendir cuentas al pueblo. Hay
una nueva generación de investigadores, como de organizaciones, ávida por
analizar los listados y denunciar los vínculos del entrenamiento con las
violaciones a los derechos humanos que siguen sucediendo en Colombia, Honduras
y México”.
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